Meyer Alfredo Puraca Calapuja
RESUMEN:
El presente artículo trata sobre uno de los temas más controversiales de las últimas décadas, considerada como el flagelo de la humanidad y sobre todo presente en una de las situaciones más abrumadoras y críticas como es la pandemia (Covid-19) y frente a este escenario se tiene mucho en conocimiento la labor que cumplen los funcionarios públicos, así mismo haremos mención a los hechos ocurridos en las regiones de Huánuco y Puno, de igual manera se expondrá los argumentos en cuanto al rol que deberían de cumplir las entidades públicas del Estado y la misma sociedad con el deber especial de disminuir los efectos negativos de la corrupción.
- INTRODUCCIÓN
Es imposible que un Estado tenga la posibilidad de alcanzar el desarrollo político, económico y social, frente a un problema demasiado perturbador e inherente al ser humano como es la corrupción, teniendo en cuenta que este maligno problema se presenta en diversos escenarios lo cual hace notorio su presencia en el marco de la normatividad de las leyes y el desarrollo de un país, así mismo perturba la conciencia de cada hombre -incitando a cometer un acto reprochable y deshonroso- buscando un beneficio propio y dejando a las personas en hambre, miseria, falta de educación y salud. La corrupción comprende una situación carente de valores en una sociedad, donde la ética de los funcionarios, profesionales y ciudadanos están por el suelo.
La corrupción es un fenómeno que ocasiona devastadoras consecuencias para la administración pública, pues socava su credibilidad y obstruye el cumplimiento de los fines que persiguen sus órganos e instituciones, (Cecilia Madrid Valerio y Walter Palomino Ramírez, 2020), se afirma: Ello dificulta el acceso igualitario a bienes y servicios esenciales, y afecta, principalmente, la vida, la salud y otros importantes derechos de los ciudadanos en situación de pobreza y pobreza extrema, así como de quienes se encuentran en algún especial contexto de vulnerabilidad.
En el contexto de la pandemia sabemos que el gobierno central, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, puesto a disposición por el expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo declarando el estado de emergencia a nivel nacional, teniendo como objetivo evitar la propagación y difusión del Covid-19. Por consiguiente la administración pública por parte del gobierno central, regional y local, están en la obligación de priorizar las medidas más urgentes para la contratación de bienes y servicios en favor de la población, en ese sentido las entidades públicas debieron actuar de forma oportuna para el abastecimiento necesario de bienes y servicios para contrarrestar los efectos del Covid-19, entre los cuales tenemos: las mascarillas, camas hospitalarias, los respiradores artificiales, alcohol gel, guantes, medicinas, alimentos básicos, etc.
- EL CONTEXTO DE LA CORRUPCIÓN
En el contexto de la pandemia los funcionarios públicos hacen muy poco al respecto, ponen de excusa “la pandemia no nos deja trabajar” y así se pasa el tiempo, no hay mejorías en la administración pública, en ese sentido podemos sospechar que nuestros funcionarios cometen actos de corrupción, muchas veces son camuflados por los medios de comunicación, pocas veces se aprecia en las noticias una prensa objetiva, independiente e imparcial, empero la realidad es todo lo contrario porque existen prensas amarillas al servicio de la corrupción. Escuchar en las noticias -como pan caliente- sobre los acontecimientos de corrupción de funcionarios no es ninguna novedad, puesto que en el Perú siempre se cometieron actos de corrupción, las noticias más resaltantes de los últimos tiempos son los casos de Odebrech y Lava Jato quedando en descubierto las malas acciones de nuestros expresidentes, todo esto demuestra la mala administración de los fondos del Estado.
En referencia a este artículo debido a la situación en la cual nos encontramos, producto de la pandemia, me encuentro en la obligación de poner en conocimiento sobre dos casos de corrupción -como tantos otros- durante la pandemia en dos regiones del país. Debido a esto hago un análisis exhaustivo en donde el Perú es protagonista principal, en la medida que no puede librarse y sobreponerse a lo largo de los años y peor aún en tiempo de emergencia nacional, donde es más preocupante los altos índices de: “corrupción de funcionarios públicos”; en medio de la pandemia los funcionarios aprovechan esta situación sin medir el daño que ocasionan al cometer cada acto de corrupción, sus ambiciones están por encima de todo no existe la honestidad y transparencia en el desarrollo de sus funciones, mostrando su lado más oscuro poniendo en evidencia sus prácticas ilícitas.
- CASOS DE CORRUPCIÓN DURANTE LA PANDEMIA
Una vez iniciado el Estado de emergencia a nivel nacional por el Covid-19, con el devenir de los días se comenzaba a desatar la otra cara de la moneda, es así que la Procuraduría Anticorrupción ha presentado 203 denuncias ante el Ministerio Público por actos de presunta corrupción, vinculadas a la emergencia sanitaria en plena pandemia, considerando el 82% corresponde a casos registrados en varias regiones del país; por un lado existe más de una especulación sobre supuestos favorecimientos en licitaciones públicas para familiares de autoridades locales y regionales, una presunta sobrevaloración en obras y cobros de bonos Covid-19 inventados, son algunas de las acusaciones puestas en conocimiento del Ministerio Público.
En la región de Huánuco el gobernador regional, Juan Alvarado mediante la Red de Salud habría hecho adquisición de materiales de limpieza a precios sobrevalorados y comprados directamente a dos empresas vinculadas con sus familiares, para esto la Fiscalía Anticorrupción intervino la Red de Salud de esa región, según la Procuraduría, esta dependencia del gobierno regional habría adquirido todos los materiales. En dichas investigaciones se llegó a concluir que existe el delito de negociación incompatible, para eso nos tenemos que remitir al Art. 399° del CP, delito de negociación incompatible se entiende cuando el funcionario o servidor público durante los contratos u operaciones económicas en las que participa el Estado, se aprovecha de su cargo para sí o para el beneficio de un tercero. En esta ocasión el gobernador regional de Huánuco, infringió en tal norma a razón de no haber hecho las compras con total transparencia en las operaciones comerciales, y esto recae en la administración pública, en provecho propio o de un tercero (las empresas de sus familiares).
La región de Puno también se encuentra en el ojo de la tormenta puesto que el gobernador de Puno, Agustín Luque Chayña, fue detenido por el presunto delito de colusión agravada, vinculado con irregularidades en las obras de reforzamiento del Hospital Manuel Núñez. La Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios informó que dicha región acusa al gobernador de haber concertado con el Consorcio Hospitalario Manuel Nuñez, representado por el ciudadano chino Chen Junkun, un acuerdo formal por el cual retrotrajeron el cobro de penalidades, superiores a los 500 000 soles, aplicadas al consorcio respecto de la obra que se le había encargado, causando un perjuicio patrimonial al Estado. Para eso nos tenemos que remitir al Art. 384° del CP, delito de colusión agravada se entiende como un delito de corrupción que sucede cuando el Estado hace uso de la contratación pública, así el funcionario o servidor público interviene en las etapas de la adquisición o la contratación pública acordando con uno o varios interesados, para defraudar patrimonialmente al Estado. En esta ocasión el gobernador Agustín Luque Chayña habría sido participe, concertado la anulación de penalidades referidas a una irregular conciliación extrajudicial en las obras de reforzamiento del Hospital Manuel Núñez; esperemos que este caso se resuelva con mucha imparcialidad de acuerdo a las leyes del Derecho y la justicia prevalezca ante cualquier favoritismo insostenible.
Así como estos dos casos existen muchos más a tal punto de comparar con una enciclopedia toda la historia de corrupción incrustada en el Perú, para eso nos tenemos que preguntar cuál es la labor del gobierno y que hacen nuestros congresistas ¿creen que velan por nuestros intereses? Y en cuanto a las entidades públicas del Estado como por ejemplo la Contraloría General de la República (se encarga de controlar los bienes y recursos públicos del Estado) y el Ministerio Público (defiende la legalidad de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos) ¿hacen correctamente su trabajo?, por otro lado el Poder Judicial tiene la potestad de administrar la justicia, siempre en cuando actué de manera imparcial y no con favores políticos, como lo ha venido haciendo en años anteriores.
- CONCLUSIONES
En el contexto en el cual nos toca vivir aún se continúa cometiendo los actos de corrupción por parte de nuestros funcionarios y para eso el Estado tiene la función de evitar estos actos por medio de la Procuraduría Anticorrupción interviniendo y notificando al Ministerio público, ciertamente existe la probabilidad de que ocurran más actos de corrupción, tal como ocurrieron en las regiones de Huánuco y Puno. Esto indica que no hay una ley drástica para aquellos funcionarios que cometen delitos de corrupción, del mismo modo la alta deshonestidad y falta de voluntad juegan un papel negativo en la conducta de los funcionarios públicos, sobre todo en un Estado Constitucional de Derecho, donde no se respeta las leyes establecidas en la Constitución y vulnerando los derechos humanos de las personas, ya que se disminuye el avance significativo de nuestro país a consecuencia de la corrupción.
Es necesario que el gobierno central en coordinación con los gobiernos regionales y locales tenga que establecer medidas preventivas ante la corrupción. Para concluir nosotros los peruanos no debemos permitir ningún acto de corrupción y reflexionar acerca de las circunstancias en la cual nos encontramos como país, el hombre debe ser consciente sobre toda acción que realiza, hace mucha falta el valor de la “honestidad”, esperemos más adelante un cambio trascendental, porque el futuro depende de nosotros.
- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Cecilia Madrid Valerio y Walter Palomino Ramírez. (Enero de 2020). Desde el Sur. Obtenido de https://dx.doi.org/10.21142/des-1201-2020-0014
James Reátegui Sánchez. (1997). LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIO Y CRIMINALIDAD. Obtenido de https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasportales/op_20080612_49.pdf
Rafael Chanjan Documet. (2018). SISTEMA DE JUSTICIA, DELITOS DE CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS. Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) , 40.
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